Desde Estruch Abogados en Gandia creemos que es esencial estar al tanto de los cambios legales que afectan a propietarios e inquilinos. Por eso en este artículo de nuestro blog, discutiremos la reciente aprobación de la Nueva Ley de Vivienda y cómo impacta en tus derechos y obligaciones. Mantenerse informado es crucial para evitar problemas legales y garantizar una relación armoniosa entre las partes involucradas.
El pasado mes de abril, se aprobó la Nueva Ley de Vivienda con el objetivo de regular el mercado inmobiliario y proteger los derechos de los propietarios e inquilinos. Esta ley introduce importantes cambios que todos debemos conocer para evitar conflictos y situaciones desfavorables.
Puntos clave sobre la nueva ley
Límite al precio del alquiler
La nueva ley de alquiler establece un tope máximo para la actualización de las rentas, lo cual es un aspecto clave. Actualmente, dicho límite está fijado en un 2% para todas las viviendas en alquiler, como medida temporal hasta finales de este año, con el propósito de mitigar los efectos de la inflación, que alcanzó el 8,4% en 2022. A partir del próximo año, se incrementará al 3%, y a partir de 2025 se implementará un nuevo índice que solo afectará a las áreas con mayor demanda.
El fin del IPC
En la actualidad, las actualizaciones de alquiler solían basarse en el IPC medio. No obstante, debido a las fluctuaciones ocurridas en los últimos años, se ha decidido modificar el índice de referencia con el objetivo de prevenir aumentos descontrolados. Con este propósito, se está desarrollando un nuevo índice más estable, el cual se implementará a partir del año 2025. Esta medida busca brindar mayor seguridad y estabilidad tanto a los propietarios como a los inquilinos, garantizando que las actualizaciones de alquiler se realicen de manera justa y equitativa en línea con las condiciones económicas actuales.
Desahucios
La nueva ley ha introducido mejoras significativas en la regulación de los desahucios y en la protección de las familias en situación de vulnerabilidad. Se implementará un sistema de arbitraje con el fin de fomentar el acuerdo entre arrendadores y arrendatarios. En caso de que no se alcance un consenso, se otorgará el tiempo necesario para que los servicios sociales puedan brindar soluciones habitacionales. En tales circunstancias, las autoridades deberán facilitar el realojo adecuado y el acceso a una vivienda digna, considerando las condiciones de vulnerabilidad social y económica, así como las circunstancias personales y familiares de los afectados. Para lograrlo, se podrán utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda u otras políticas apropiadas.
Gran tenedor
La ley introduce cambios significativos en la definición de «gran propietario», afectando tanto a personas físicas como jurídicas. La normativa permite a las comunidades autónomas reducir de 10 a 5 el número mínimo de viviendas que un propietario debe poseer en una zona de alta demanda para ser considerado gran tenedor. En caso de alquilar propiedades en estas áreas, se les aplicará un índice de contención de precios. Este rediseño busca regular y controlar el mercado inmobiliario, promoviendo la accesibilidad a la vivienda y evitando situaciones de especulación.
Bonificación en el IRPF
La nueva normativa incluye un sistema de bonificación fiscal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para propietarios que alquilen viviendas en zonas de alta demanda. En los nuevos contratos de arrendamiento, se establece una reducción del 50%, que puede aumentar hasta el 90% si se firman nuevos contratos en zonas residenciales tensionadas con una disminución de al menos el 5% respecto al contrato anterior.
Esta reducción puede alcanzar el 70% cuando se trata de la incorporación al mercado de viviendas destinadas al alquiler en áreas tensionadas y se alquilan a jóvenes de entre 18 y 35 años, o cuando se trata de viviendas asequibles incentivadas o protegidas que se alquilan a entidades sin fines de lucro, administración pública o entidades del tercer sector, o se encuentran dentro de algún programa público de vivienda que limite el precio del alquiler.
Reparto de gastos y honorarios
Dentro de la nueva normativa, se establece que los gastos de gestión inmobiliaria y los relacionados con la formalización del contrato serán responsabilidad del arrendador y no del inquilino. Si bien las partes pueden acordar que los gastos generales del inmueble y sus servicios sean asumidos por el arrendatario, queda prohibido aumentar la renta de alquiler mediante la imposición de nuevos gastos que no hayan sido acordados previamente. Esto asegura que los inquilinos no sean obligados a pagar gastos adicionales sin su consentimiento previo.
